El nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reveló formalmente su plan para hacer al país más “inclusivo” en un discurso en el Congreso de los Diputados el martes.
El plan de Sánchez es aumentar el gasto público y financiarlo subiendo los impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos. El Congreso de los Diputados debería bloquear las propuestas del presidente del gobierno si quieren evitar un éxodo de capitales, así como mayor desempleo y un estancamiento prolongado.
Estas propuestas llegan al mismo tiempo que España mantiene un déficit público superior al máximo 3 por ciento permitido por la Unión Europea.
Sánchez propuso incrementar las pensiones, implementar un ingreso mínimo para los españoles de bajos ingresos, aumentar los beneficios al desempleo, expandir y hacer obligatorias las vacaciones por maternidad y paternidad, y contratar más empleados públicos y aumentar sus sueldos. Estas medidas desincentivarían el trabajo y solidificarían la cultura de dependencia en el estado ya existente en España.
Entregar un ingreso básico sólo a aquellos que ganan por debajo de cierto nivel de ingresos los mantendría en trabajos de poca paga debido a que mejores empleos o aumentos de sueldo resultarían en la pérdida del subsidio. Beneficios al desempleo más generosos alentarían a los trabajadores a ser despedidos y a mantenerse desempleado durante más tiempo.
Por otra parte, contratar más empleados públicos e incrementar sus sueldos haría que más trabajadores del sector privado se cambien al sector público sin reducir el desempleo. Un estudio del Fondo Monetario Internacional en el 2013 concluyó que incrementos en el empleo público sustituyen completamente el empleo privado, esto significa que por cada trabajador público que es contratado las empresas privadas dejan de contratar un trabajador.
Adicionalmente, obligar a los padres a tomar vacaciones por maternidad o paternidad alentaría a los empleadores a contratar a personas en edad de tener hijos en contratos temporales, evadiendo tener que darles vacaciones pagas.
Debido a que los programas sociales no son gratis, el presidente del gobierno planea cubrir el costo de sus propuestas a través de subidas de impuestos. Sánchez quiere eliminar el tope a la renta sujeta a los impuestos a la seguridad social, incrementar el tipo máximo del impuesto sobre la renta a las personas físicas del 45 por ciento al 52 por ciento, y aumentar los impuestos a las ganancias sobre el capital del 20 por ciento al 30 por ciento. El presidente propone obligar a las empresas a pagar al menos el 15 por ciento de sus ingresos mundiales en impuestos, un “impuesto Google” del 3 por ciento de la venta de servicios digitales de empresas grandes, y un impuesto de sociedades adicional del 8 por ciento a las instituciones financieras.
A pesar de que el gobierno planea financiar sus propuestas subiendo los impuestos, los ingresos adicionales serán pocos o negativos para las arcas del gobierno, resultando en un incremento neto del déficit público. Aplicar los impuestos de la seguridad social que son un 36 por ciento a los sueldos sobre el tope actual (€3800 brutos al mes) e incrementar el IRPF máximo reduciría drásticamente el incentivo al trabajo y alentaría a los ricos a irse del país.
En España, así como en el resto de la UE, las personas de altos ingresos pueden mudarse fácilmente ya que todos los españoles son ciudadanos de la UE también. Esto les da el derecho a vivir, trabajar, y tributar en cualquier país de la UE sin tributar en sus países de nacimiento. Consecuentemente, los millonarios se mudarían y dejarían de pagar impuestos en España en el momento que los impuestos aumenten.
Francia ya experimentó con este tipo de propuesta cuando aumentó el impuesto sobre la renta máximo al 75 por ciento en 2012. Como resultado, los jugadores de futbol, actores, y empresarios se mudaron a la vecina Bélgica para evitar el impuesto, forzando al gobierno francés a retirar el impuesto en 2015. Debido a que la propuesta de Sánchez aumentaría el impuesto marginal máximo al 70 por ciento, es probable que muchos jugadores de futbol famosos como Lionel Messi y Sergio Ramos se vayan de España a jugar en otros equipos europeos.
Asimismo, un impuesto de sociedades mínimo del 15 por ciento del ingreso mundial de las empresas repelería la inversión de multinacionales en España. Encima de esto, un impuesto a los servicios digitales y un impuesto adicional a las instituciones financieras podrían resultar en que Google y bancos internacionales salgan del país, dejando decenas de miles de desempleados.
En vez de aumentar el costo de contratación, el gobierno debería promover la creación de empleo y la riqueza. España sigue mal económicamente debido a su alta deuda y gasto público. La deuda de todas las administraciones públicas representa el 115 por ciento del PIB o $44.000 (€37.700) por español, mientras el gasto público representa el 42 por ciento del PIB o $16.000 (€13.700) por español. Adicionalmente, 1 de cada 6 españoles que busca trabajo está desempleado y hay más personas pensionadas, desempleadas, y que trabajan para el gobierno que trabajadores en el sector privado.
Por suerte, el partido socialista de Sánchez solo posee 85 de 350 diputados, y su aliado socialista radical, Podemos, controla 71 escaños. La única forma en que las medidas del presidente del gobierno sean aprobadas sería conseguir apoyo de todos los partidos regionalistas y separatistas de izquierda y un partido de centroderecha regionalista si la oposición de centroderecha se mantiene unida.
Los españoles necesitan y quieren trabajar en empleos que paguen más. Las medidas del presidente del gobierno Pedro Sánchez sentenciarían a los españoles al desempleo y la dependencia estatal, mientras desfalcan las arcas del estado cuando los millonarios y jugadores de futbol se vayan. Los diputados españoles harían bien en rechazar las propuestas.
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Daniel Di Martino es un contribuidor a Economics21. Síguelo en Twitter @DanielDiMartino
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